Como ya lo había informado agendatlaxcala, la senadora Adriana Dávila Fernández, denunció en conferencia de prensa posibles actos de corrupción en la Coordinación General de Ecología (CGE), al señalar que los establecimientos de verificentros del estado han sido obligados a adquirir equipos con una sola empresa que ofrece costos elevados, más del doble de otras dedicadas a la misma actividad, lo que podría ser un "año de hidalgo" para los funcionarios involucrados.
De entrada consideró que las condiciones del estado no son acordes al proyecto de la Megalópolis, pues Tlaxcala solamente cuenta con 336 mil 104 vehículos en comparación con la Ciudad de México en donde se calcula que circulan tres millones de vehículos diariamente.
Al declarar no estar en contra de la supervisión y mejoras que disminuyan la contaminación, manifestó la importancia de revisar que las normas se encuentren acordes a las características de cada estado, pues de acuerdo al estudio que llevó a Tlaxcala adherirse a la Megalópolis fue que prácticamente todos los vehículos que existen en la entidad viajen diariamente a la Ciudad de México, " lo cual es poco congruente". 
Aunado a ello, habló de una probable corrupción en la CGE, misma que ha condicionado a los dueños de los verificentros comprar un dinamómetro que tiene un valor de un millón 200 mil pesos a la empresa SP, cuando otros concesionarios han comprado el mismo aparato a otras empresas con un costo de 500 mil pesos "una autoridad no puede obligar a comprar a una empresa especifica un instrumento de medición de contaminación que tampoco es la panacea de la verificación".
Otro problema identificado es que estos dinamometros deban ser verificados por parte de la misma empresa a un costo de 80 mil pesos, cuando otras factorías realizan la misma actividad en 55 mil pesos "en apariencia hay un negocio de las autoridades".
Ante ello, hizo un llamado al titular de la CGE, Néstor Montañez y Alí Chumasero a revisar el tema y al gobernador electo, Marco Mena, para revisar la viabilidad de que continúe operando este sistema que "podría ser negocio personal de algunos funcionarios que están en tres meses de su año de Hidalgo".
Sin embargo, señaló que como senadora no podría presentar ningún tipo de denuncia penal por este asunto, pues serían los propios dueños de los verificentros quienes tendrían que proceder, pero tienen miedo que les quiten concesiones, por lo que el Congreso del Estado tendría que proponer que se  investigue el asunto.