Para el organismo electoral nacional resulta necesaria la presente aclaración, debido a que algunos medios de comunicación digitales aseguran, mediante notas informativas sacadas del contexto de una entrevista otorgada durante un evento público efectuado por el INE, que el vocal ejecutivo J. Jesús Lule Ortega “comentó que aunque no hay alguna queja sobre actos anticipados de campaña, han detectado a dos personajes que estarían actuando fuera del marco de la legalidad, serían los legisladores Alberto Amaro y Delfino Suárez”, lo que es totalmente falso.

Si bien en dicha entrevista el servidor público electoral fue cuestionado sobre supuestas quejas por actos anticipados de campaña, éste explicó que hasta el momento la delegación que representa no tiene denuncia alguna al respecto y “básicamente lo que hemos estado observando que en algunos medios de comunicación tanto electrónicos como impresos, han aparecido algunos señalamientos de gente que está efectuando unos actos tendientes precisamente a promover su aspiración” a lo que la autoridad electoral da seguimiento puntual a través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).

“Nosotros estamos en la Unidad Técnica de Fiscalización atentos a esos pronunciamientos y verificando si efectivamente hay razón o no para armar los sustentos documentales que en su momento puedan servir para tomar decisiones, principalmente en dos sentidos: primeramente, que pudieran constituirse como actos anticipados de precampaña y, en su momento, de campaña y también para contabilizarlos como parte de los gastos que en la etapa de candidaturas pudieran contabilizarse para el límite que establece la ley”, declaró sin dar por hecho alguna violación a la ley electoral o a cualquier otro precepto legal.

Incluso, al ser cuestionado respecto de si estos señalamientos son excesivos, Lule Ortega explicó que “los comunicadores naturalmente observan y a lo mejor también reciben quizá quejas de los actores políticos y en ese sentido los medios de comunicación nos los están transmitiendo y nosotros como autoridad tenemos la obligación de estar atentos a lo que se denuncia públicamente tanto por los comunicadores, como por los actores políticos, para que en su momento no caigamos en una omisión de nuestra parte respecto de la fiscalización de los recursos y de la verificación de que estrictamente quienes aspiran a una candidatura, en su momento, se ciñan a los tiempos que establece la ley electoral y estrictamente con lo que deben cumplir ellos para poder aspirar a una candidatura”.

A pregunta expresa de si estas previsiones en la verificación de la UTF incluye los informes de gobierno, Jesús Lule expresó: “Por supuesto, recordemos que la propia ley, independientemente de las reglas que en su momento el INE trató de establecer y que el Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación) no validó, pero de cualquier manera hay disposiciones de ley que obligan a los propios servidores públicos, a los que ostentan un cargo de representación popular específicamente, que señalan cuál es el plazo para que ellos puedan difundir sus informes de actividades anuales; esto es siete días antes del día del informe, el día del informe, y cinco días posteriores; no deben exceder esos límites, si los exceden, entonces ellos ya incurrieron en un desacatamiento a lo que está establecido en la ley y en su momento se establecerán las acciones correspondientes precisamente para evitar que eso ocurra”.

Aun con esto, en su momento, el titular del INE en el estado negó que la presentación de los informes de gobierno, vaya a ser necesariamente contabilizada como gastos de precampaña, pues dijo que “son dos cosas distintas. A un servidor público que tiene la obligación, o que tiene el derecho más bien por la ley de poder difundir un informe de actividades, él está sujeto a un límite. Si ese servidor público o representante popular en su momento se convirtiera en precandidato o candidato, entonces ahí se le actualizaría que nosotros tendríamos que contabilizar todos los excesos que haya incurrido en la presentación de su informe. Si finalmente, por cuestiones internas de los propios partidos o simple y sencillamente no ‘cuajó’ su propia aspiración no llega a ser candidato, pues entonces obviamente no tiene sentido contabilizarle a alguien que no tiene la calidad ni de precandidato ni de candidato”.

De ahí que aseguró: “Lo importante es que nosotros como autoridad debemos de estar atentos para tomar nota y documentar todo lo que en algún momento pudiera constituir un rebase a topes gastos de precampaña, a topes de campaña o inclusive al exceso en el tiempo de exposición de los informes de actividades que dispone la ley”.

Así las cosas, es necesario puntualizar que sin revelar algún nombre o cargo del o los funcionarios, el vocal ejecutivo indicó que, a través de la UTF, el INE da seguimiento a dos casos difundidos por medios de comunicación relativos a presuntos actos anticipados de precampaña o campaña, pero en ningún momento dio por sentado que ya constituyan una ilegalidad.

-¿De cuáles son? ¿Diputados locales que han dado informes?- Cuestionó un reportero en aquella ocasión.

-“Los diputados locales que han dado informes nosotros lo estamos verificando; recuerden que en materia de radio y televisión nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente y en ese sentido estamos verificando a quienes presentan sus informes. Casualmente el fin de semana pasado hubo dos y entonces en ese sentido nosotros estamos atentos a que la promoción de esos informes se ajuste a lo que antes señalé: siete días antes y cinco días posteriores y no más.

-¿Cuáles son los dos casos que dijo?

-“No tengo los nombres en este momento, te mentiría, pero con todo gusto te los podemos dar, porque en su momento yo lo canalizo a la UTF y en este momento me arriesgo a dar un dato equivocado (lo) que no debe de ser”, finalizó el tema.