La tragedia que se abatió el viernes por la noche al incendiarse un ducto de combustible en Tlahuelilpan, en el Estado mexicano de Hidalgo, ofrece por desgracia un compendio de los males que afligen al conjunto del país. La explosión que mató al menos a 89 personas y dejó decenas de heridos, muchos de ellos graves, rompe y sume en el dolor a familias enteras de procedencia extremadamente humilde, que acudieron al lugar del accidente con intención de conseguir unos litros de combustible. En general, pone también de relieve la impotencia del Estado, patente desde hace años, para acabar con el robo en la red de Pemex; y en lo particular, la incapacidad de las fuerzas de seguridad, especialmente del Ejército, de proteger adecuadamente a la población en un momento de emergencia.

Resulta necesario también, antes que nada, rechazar con contundencia los intentos de culpabilizar a las víctimas. No existe mayor bajeza moral que atribuir la desgracia de los muertos y heridos a su comportamiento al acudir con recipientes, empujados por su acuciante necesidad económica, sin incluir en la ecuación no solo su paupérrima condición económica y social sino también el estado de desastre general en el que se encuentran los ductos de Pemex. Tampoco es válido argumentar su supuesta resistencia a los escasos soldados en el lugar del accidente para justificar la pasividad de estos últimos. La obligación de las fuerzas de seguridad es proteger a los ciudadanos, incluso contra la voluntad de estos.

Toda la información en:

https://elpais.com/internacional/2019/01/21/mexico/1548035412_200971.html