Dos, tres, muchos Canoa por José Javier Reyes

El 14 de septiembre de 1968 ocurrió algo que en el contexto de la represión oficial y la rebelión juvenil que el mundo atestiguaba, pudo haber pasado inadvertido: el linchamiento de cinco trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla a manos de pobladores de San Miguel Canoa, junta auxiliar de la capital poblana. La excelente película de Felipe Cazals, Canoa: memoria de un hecho vergonzoso (1975) logró hacer memorable e histórico lo que pudo ser simplemente periodístico. La atmósfera de terror, la manipulación de todo el pueblo, las circunstancias económicas y políticas de los homicidios, la ignorancia, la desinformación y la violencia del evento sorprendieron, estremecieron y generaron conciencia en el público mexicano de entonces.

A 50 años, la actual ocurrencia de linchamientos (muchos de ellos, coincidentemente, en el estado de Puebla) sería motivo de un análisis semejante. Como está pasando en el caso de las ejecuciones, descubrimiento de fosas comunes y la larga estela de hechos violentos que sufre el país, la alarmante incidencia de linchamientos hace difícil el procesamiento de todos los aspectos que convierten a los pobladores de una comunidad en una turba enardecida que golpea, asesina y prende fuego a supuestos delincuentes. Y su alto número insensibiliza y transforma en estadística lo que debería ser drama humano.

La cantidad de linchamientos refleja varias cosas, todas alarmantes: 1, que la credibilidad en la eficacia de la investigación de los crímenes es, por lo menos, nula; 2 que la confianza en el sistema judicial está todavía más abajo; 3, que la idea de la justicia popular y la de venganza tumultuaria se confunden en la mente de pobladores asustados por la inseguridad.

¿Cuántos de los linchados en los últimos eventos son realmente culpables? Las dos personas asesinadas en Acatlán de Osorio, Puebla, no, a todas luces. Tal vez otros más. Pero independientemente de que las personas supliciadas sean o no culpables, los linchadores merecen el castigo que corresponde a quienes asesinan con todas las agravantes de la ley: la alevosía de atacar a una persona con una superioridad numérica abrumadora; azuzar a la población para que juntos cometan homicidio en forma premeditada; infligirle dolor a una persona por medio de tortura; aplicar una sanción desproporcionada con relación a la falta; negarle a un acusado la posibilidad de defenderse, de proporcionar las pruebas de su inocencia.

Más alarmante aún es el hecho de que en redes sociales surjan voces que se alegren por estos actos de barbarie como si fueran supletorios de la acción de la justicia. Otra justicia u otro tipo de justicia, más cercana a los ajustes de cuenta del crimen organizado que a los verdaderos actos de justicia. Estos actos, tanto como los que se imputan a los ejecutados, merecen todo el peso de la ley. Tan abominable es robar un auto o secuestrar a un niño (si es que esto es cierto) como torturar a una persona y quemarla viva. O más. Búsquense los pretextos o justificantes que se quiera. Ambos son crímenes que merecen castigo. Nadie al margen de la ley, nadie por encima de la ley, como se ha dicho.