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Disculpa pública a ex acreditables debe darse: Cedh

No han contestado autoridades recomendación emitida por esta instancia
Miércoles 10:25 pm, 23 May 2018.
Carmen González Altamirano
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Disculpa pública a ex acreditables debe darse: Cedh

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Víctor Cid del Prado Pineda, informó que la Secretaría de Gobierno (SEGOB) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no han respondido si aceptan o no la recomendación que este organismo emitió sobre el caso de los ex policías acreditables, acusados de secuestro exprés en 2015, luego de confirmar que fueron  objeto de tortura, tras su detención.

Explicó que dichas instancias aún tienen tiempo para hacerlo, por lo que confió que sea antes del próximo lunes o, en su defecto soliciten una prórroga de 15 días más para hacerlo.

Afirmó que con esta recomendación en Tlaxcala se da un paso hacia adelante para garantizar los derechos humanos de las personas, al tiempo que defendió que la recomendación está completa, por lo que no habría necesidad de que los ex policías acudan a otras instancias, aunque aclaró que son libres de hacerlo si así lo consideran.

Comentó que en el caso de una policía que continúa retenida en el Centro de Reinserción Femenil obedece a situaciones que tiene relación con su defensa jurídica, aunque “ya me reuní con ella el jueves pasado y estamos interviniendo para que salga libre lo más pronto posible”.

Respecto de la disculpa pública comentó que debe cumplirse, aunque no hay un formato para ello, por lo que puede ser a través de un oficio o acto público, dijo.

La recomendación establece además que se debe garantizar la reparación del daño moral y económico de las víctimas y sus familias, el pago de salarios caídos y prestaciones, pago de gastos médicos especiales derivados de las secuelas físicas y mentales de la tortura, así como garantizar el acceso a la atención psicológica de las víctimas.

Es de recordarte que 2015 siete policías acreditables fueron detenidos y acusados de operar una red de secuestro exprés en la entidad, por lo que emprendieron una batalla legal para demostrar que fueron objeto de tortura y falsificación de pruebas.

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