Investigarán tortura a ex acreditables y pagarán salarios

La Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aceptaron la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDH) por la tortura de la que fueron víctimas siete expolicías acreditables, absueltos de secuestro express.

El organismo autónomo informó que fue en tiempo y forma la contestación a la recomendación número 02/2018 y tendrá quince días más para darle cumplimiento.

El documento emitido por el organismo, indica que los policías de investigación de la PGJE, defensores públicos y agentes del ministerio público violaron diversos derechos al ejecutar una detención arbitraria en enero de 2015, de los ex policías acreditables, por presuntamente haber cometido el delito de secuestro express.

Confirmó que fueron torturados durante su detención e incomunicados, con un ejercicio indebido de la función pública y abuso de autoridad.

Con la aceptación de la recomendación, la Secretaría de Gobierno y la PGJE deberán dar cumplimiento a las acciones dictadas por la CEDH, entre ellas la PGJE debe iniciar un procedimiento administrativo en contra del personal que participó en la detención; iniciar una carpeta de investigación por el delito de tortura y los que resulten en contra de los antes elementos de la Policía Ministerial, ahora Policía de Investigación involucrados.

A la Secretaría de Gobierno, le solicitó comenzar un procedimiento administrativo en contra de los Defensores de Oficio adscritos a la Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno del Estado, para deslindar responsabilidades.

Mientras que ambas instituciones deberán reparar los daños causados a través del pago de salarios y demás prestaciones de ley que dejaron de percibir los quejosos a causa de la privación de su libertad de la que fueron objeto.

También considera el pago de los gastos médicos realizados por los quejosos en relación a la atención médica que tuvieron que recibir derivada de la tortura de la que fueron víctimas; brindar la atención psicológica y médica necesaria.

Además, deberán "realizar una disculpa pública a manera de reparación del daño moral, como Titulares de las Instituciones a la que pertenecieron o pertenecen las autoridades que resultaron responsables de vulnerar los derechos humanos de los quejosos".