Pedirá síndica de Ixtenco prórroga para entregar cuentas públicas

Lucía Rojas González, síndica del municipio de Ixtenco, quien fue destruida en el cargo hace ocho días, informó que solicitará una prórroga al Congreso del Estado para ponerse al corriente con la presentación de las cuentas públicas del Ejercicio Fiscal 2018.

Señaló que al reincorporarse a su cargo encontró retraso en la entrega de los estados financieros del ayuntamiento, derivado del conflicto que se registró desde enero de este año y los hechos violentos del 14 de marzo, lo que originó en la suspensión de su cargo por un periodo de 180 días, junto con el presidente, Miguel Ángel Caballero Yonca.

En rueda de prensa, acompañada por representantes de varias organizaciones sociales, dijo que fue destituida desde el pasado 5 de julio cuando en sesión extraordinaria de cabildo de Ixtenco, dijo que retomó los temas pendientes del ayuntamiento, entre ellos la reactivación de la Firma Electrónica (FIEL) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las denuncias penales que se presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los hechos violentos registrados el pasado 14 de marzo, y las cuentas públicas ante el Congreso local, entre otros.

Sobre los problemas que encontró a su reincorporación a la sindicatura, Rojas González, explicó que “se encontraron demandas pendientes por lo sucedido el pasado 14 de marzo, falta revisar el área de Seguridad Pública  donde hay muchos faltantes, las líneas telefónicas reinstalarlas, la FIEL para que se empiece a trabajar porque hubo muchas omisiones por parte de mi suplente y ahora qua ya regreso esperamos sacar adelante estos trabajos”.

En la rueda de prensa estuvo respalda por las integrantes del Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género en el Estado de Tlaxcala, en el que están integradas representantes de diversos sectores de la sociedad civil y organizada, donde la síndico de Ixtenco subrayó que esa situación se generó, principalmente, porque el presidente municipal Miguel Ángel Caballero quiso ser autónomo y decidió no respetar  su cargo como representante legal del ayuntamiento, lo que refleja la violencia política en razón de género que aún existe en ese nivel de gobierno.