A la ONU caso de río Zahuapan, gobierno viola derechos

Integrantes de diferentes organismos de la sociedad civil señalaron que a más de una década el Estado continúa simulando en torno a la atención de la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan, lo que ha violentado los derechos humanos de pobladores tlaxcaltecas.

Representantes del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., la Coordinadora Por un Atoyac con Vida, Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, en rueda de prensa señalaron que a 13 años de la sentencia del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) ha sido ignorada por autoridades del país.

Mencionaron que la afectación al ambiente y a la salud y la violación a derechos humanos de pobladores tlaxcaltecas, se ha agravado por la contaminación a la cuenca Atoyac-Zahuapan, por lo que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) denunciarán nuevamente ante el juzgado hispanoamericano dicha omisión, por lo que pedirán la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Señalaron que en la audiencia pública a celebrarse del 22 al 26 de este mes en Guadalajara, Jalisco, expondrán este caso de destrucción del afluente, que afecta a los municipios de Papalotla hasta Xicohtzinco.

Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, puntualizó que demandarán que el TLA ayude a promover la atención de este caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas sentencias    son vinculatorias jurídicamente.

Pedirán que el Tribunal condene enérgicamente la reincidencia criminal que la mayoría de las más de 20 mil 400 empresas industriales asentadas en la cuenca “por verter, sin tratamiento alguno” aguas residuales en los cauces de los ríos y afluentes o en los drenajes municipales.

También, requerirán que el TLA solicite formalmente al gobierno federal electo que iniciará funciones el 1 de diciembre de 2018, que otorgue “atención prioritaria, efectiva y real” a esta crisis ambiental y que reconozca la propuesta comunitaria de saneamiento y de reparación del daño, como un aporte hacia la solución.

Estas OSC demandarán que el TLA se manifieste públicamente sobre la violación a derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y a su saneamiento adecuado, a la salud, a la alimentación, a la información, a la verdad, a la justicia, y otros más reconocidos en leyes mexicanas y en tratados internacionales firmados por este país.

Y que dictamine si esta “nueva simulación” del Estado Mexicano podría ser constitutiva de crímenes de lesa humanidad contra la población y también sobre el Proyecto de Coordinación Interinstitucional y Colaboración Técnica para el Saneamiento de la Cuenca Alto Atoyac-Zahuapan, elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin intervención del resto de autoridades señaladas en la recomendación 10/2017 de la CNDH, emitida el 21 de marzo del año pasado, en el sentido de si es o no un instrumento efectivo para el depuración de este cauce.

Repasó que en este mes de octubre se cumple un año del vencimiento del plazo que la CNDH otorgó a instituciones recomendadas (Conagua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, los gobiernos de Puebla y Tlaxcala y de los municipios de Texmelucan y Huejotzingo así como de Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla, respectivamente, para crear un grupo interinstitucional.

Las OSC recordaron los efectos de la contaminación en seres humanos: además de cáncer, insuficiencia renal y otras afecciones similares, manifestadas también en 906 abortos espontáneos, entre 2002 y 2016.

Estos casos colocan “a varias localidades de la cuenca dentro de 0.02 por ciento peor de todo el país, o el hecho de que Tlaxcala se sitúa en primer lugar en incidencia de insuficiencia renal”, señalaron.

Integrantes de diferentes organismos de la sociedad civil señalaron que a más de una década el Estado continúa simulando en torno a la atención de la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan, lo que ha violentado los derechos humanos de pobladores tlaxcaltecas.

Representantes del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., la Coordinadora Por un Atoyac con Vida, Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, en rueda de prensa señalaron que a 13 años de la sentencia del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) ha sido ignorada por autoridades del país.

Mencionaron que la afectación al ambiente y a la salud y la violación a derechos humanos de pobladores tlaxcaltecas, se ha agravado por la contaminación a la cuenca Atoyac-Zahuapan, por lo que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) denunciarán nuevamente ante el juzgado hispanoamericano dicha omisión, por lo que pedirán la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Señalaron que en la audiencia pública a celebrarse del 22 al 26 de este mes en Guadalajara, Jalisco, expondrán este caso de destrucción del afluente, que afecta a los municipios de Papalotla hasta Xicohtzinco.

Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, puntualizó que demandarán que el TLA ayude a promover la atención de este caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas sentencias    son vinculatorias jurídicamente.

Pedirán que el Tribunal condene enérgicamente la reincidencia criminal que la mayoría de las más de 20 mil 400 empresas industriales asentadas en la cuenca “por verter, sin tratamiento alguno” aguas residuales en los cauces de los ríos y afluentes o en los drenajes municipales.

También, requerirán que el TLA solicite formalmente al gobierno federal electo que iniciará funciones el 1 de diciembre de 2018, que otorgue “atención prioritaria, efectiva y real” a esta crisis ambiental y que reconozca la propuesta comunitaria de saneamiento y de reparación del daño, como un aporte hacia la solución.

Estas OSC demandarán que el TLA se manifieste públicamente sobre la violación a derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y a su saneamiento adecuado, a la salud, a la alimentación, a la información, a la verdad, a la justicia, y otros más reconocidos en leyes mexicanas y en tratados internacionales firmados por este país.

Y que dictamine si esta “nueva simulación” del Estado Mexicano podría ser constitutiva de crímenes de lesa humanidad contra la población y también sobre el Proyecto de Coordinación Interinstitucional y Colaboración Técnica para el Saneamiento de la Cuenca Alto Atoyac-Zahuapan, elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin intervención del resto de autoridades señaladas en la recomendación 10/2017 de la CNDH, emitida el 21 de marzo del año pasado, en el sentido de si es o no un instrumento efectivo para el depuración de este cauce.

Repasó que en este mes de octubre se cumple un año del vencimiento del plazo que la CNDH otorgó a instituciones recomendadas (Conagua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, los gobiernos de Puebla y Tlaxcala y de los municipios de Texmelucan y Huejotzingo así como de Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla, respectivamente, para crear un grupo interinstitucional.

Las OSC recordaron los efectos de la contaminación en seres humanos: además de cáncer, insuficiencia renal y otras afecciones similares, manifestadas también en 906 abortos espontáneos, entre 2002 y 2016.

Estos casos colocan “a varias localidades de la cuenca dentro de 0.02 por ciento peor de todo el país, o el hecho de que Tlaxcala se sitúa en primer lugar en incidencia de insuficiencia renal”, señalaron.