Tlaxcala cuarto lugar en violación de derechos de activistas

Con 35 casos de violaciones a derechos humanos de activistas que a su vez defienden esta misma causa, Tlaxcala se posiciona en el cuarto lugar a nivel nacional sucedidos entre el 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018, esto según el informe "Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad", elaborado Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos (ACUDDEH AC), de la organización Comité Cerezo México.

A nivel nacional sumaron 358 casos, siendo Oaxaca el primer lugar con 57 y Chiapas con 46, ocupando el 16.15 y 12.81 por ciento del total; seguido por el Estado de México (Edomex), con 36 casos (10.02 por ciento) y Tlaxcala con el 9.74 por ciento.

El informe detalla que tanto Tlaxcala como Aguascalientes no figuraron en la edición anterior, en esta ocasión por violaciones de derechos humanos contra las normales rurales: "en específico contra integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México en ambos estados", es decir la FECSM, esto el 4 de julio de 2017, por agresiones.

Asimismo, contra el Frente de Pueblos Morelos-Puebla-Tlaxcala (FPDATMPT) el 25 de agosto de 2017 con actos de criminalización.

Parte de los derechos violatorios de defensores de los derechos humanos son: a formar asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos, a reunirse o manifestarse pacíficamente, entre otras.

Ante lo expuesto, Comité Cerezo recomienda a los 24 estados la creación de una Ley General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; investigar, juzgar y sancionar las violaciones a derechos humanos (VDH)y finalizar la impunidad, así como exhorta a las procuradurías, una vez aprobada la ley, atienda los casos de personas que denuncian las VDH y ataques cometidos en su contra.

Asimismo, se pide que el estado legitime la labor de las personas defensoras de los derechos humanos y se dé fin a las campañas de estigmatización y criminalización, entre otras dirigidas a casos de detención arbitraria y a presos por motivos políticos, ejecución extrajudicial y desaparición forzada.