El ciclo de los líderes sindicales por José Javier Reyes

Fueron 30 años ininterrumpidos, siete más que Elba Esther Gordillo, “La Maestra”, tres más que Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”; pero el pasado 24 de julio de 2019, Carlos Romero Deschamps dejó la dirigencia nacional del poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) como ocurrió con los otros dos dirigentes sindicales mencionados. Ambos también, al arranque de dos sexenios; en sus casos, los de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

Los paralelismos no son casuales. La dinámica de los sindicatos oficialistas en México implica un ciclo en el cual un secretario general de una agrupación gremial o, según el caso, el “líder moral” o dirigente de facto se enfrenta al poder central y espera ganar ventaja de un mandatario bisoño. Más tarde se vuelve el clásico “botón de muestra” de la supuesta lucha contra la corrupción.

Hoy el nombre de “La Quina”, líder petrolero, es una referencia vaga, pero en su momento fue sinónimo de poder casi ilimitado; su caída sorprendió al país y más aún al estado de Tamaulipas, que fue su feudo.

La caída de estos caciques sindicales significa el surgimiento del nuevo poder: el ascenso de Romero Deschamps tiene su origen en la caída de “La Quina”. La oposición del viejo dirigente a la “modernización” o “privatización” (como cada quien lo quiera entender) de algunos sectores de Pemex (lo que significaba la pérdida de una parte de su poder) fue la causa del “quinazo”, su aparatosa detención el 10 de enero de 1989.

De inmediato, Romero Deschamps inició su labor de equilibrista que se extendería por cinco sexenios en los cuales supo aplicar su oportunismo político con Salinas, Zedillo, los panistas Fox y Calderón y el priista Peña Nieto.  Su última gran negociación, su apoyo a la reforma energética de Peña Nieto, lo hizo quedar en el lado equivocado al ascenso de Andrés Manuel López Obrador.

La marca de la casa fue la corrupción. Una corrupción “a la mexicana”: ostentosa, grotesca, llena de indicios, pero sin evidencias legales. En el año 2000 se le mencionó como autor del “Pemexgate”, desvío de recursos por el orden de mil 500 millones de pesos de las arcas sindicales a la campaña fallida del candidato priista a la presidencia, Francisco Labastida Ochoa. En 2003 se dictó un auto de formal prisión contra el cual interpuso un amparo. Hasta 2011, cuando prescribieron los delitos del “Pemexgate”, había acumulado más de 100 denuncias interpuestas por trabajadores petroleros por diversos delitos. El interés de las autoridades por fincarle responsabilidades fue nulo.

Aun cuando la causa de la destitución son las denuncias penales que tiene en su contra por administración fraudulenta y por no transparentar recursos, su única sanción al momento es dejar la dirección del sindicato. Pero la corrupción que le permite vivir en forma ostentosa cono 27 mil pesos al mes es evidente. O el nepotismo que ha convertido en usufructuarios del sindicato a sus familiares.

Si la intención del gobierno federal de combatir la corrupción, haber iniciado con Romero y llegar hasta las últimas consecuencias será la muestra de que esto va en serio. Veremos qué tan en serio.