Desplazados por choques militares y un grupo armado en Colombia

Los enfrentamientos entre las autoridades colombianas y los llamados grupos armados organizados han sido una constante del pasado reciente del país sudamericano. El presidente, Iván Duque, ha hecho un esfuerzo por multiplicar la presencia del Estado en las regiones rurales —este lunes el Gobierno anunció que visitó el 81% del territorio desde el inicio del mandato, el pasado agosto—. Sin embargo, algunas de estas zonas continúan bajo el control de bandas criminales, en esencia paramilitares dedicados al narcotráfico, disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Naciones Unidas denunció el fin de semana que casi 600 personas de cuatro comunidades indígenas y campesinas fueron víctimas de desplazamientos en el departamento de Córdoba (norte de Colombia), por un choque entre las fuerzas militares y un grupo armado no identificado. Huyeron hacia el centro de la comunidad de Simbra, que pertenece al resguardo indígena Embera Katío de la provincia del Alto Sinú. Al menos 27 familias, según informó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) "sufrieron la mayor afectación por su cercanía al lugar donde se registraron los combates". "Las 116 familias restantes también se desplazaron a este lugar por temor a las hostilidades registradas en la zona y por solidaridad con la población desplazada de la vereda [aldea] con mayor afectación".

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