Papel en caso Ayotzinapa no fue en pruebas desechadas: JAPC

José Aarón Pérez Carro, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), dijo estar dispuesto a ser investigado por la autoridad encargada de investigar su actuación como responsable de la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa de la ex Procuraduría General de la República (PGR), que se encargó de indagar la desaparición forzada de 43 alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, declaró que la labor que realizaron, en el caso Pérez Carro y los ex titulares de la PGR, Jesús Murillo Karam, y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, no fue responsable, lo que ha derivado en la liberación y exoneración de 77 de 142 personas que habían sido detenidas por su presunta participación en esos hechos.

Anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará recursos e iniciará diligencias para que esos tres ex funcionarios en el sexenio de Enrique Peña Nieto enfrenten procesos legales por “incumplir con sus responsabilidades en la investigación del caso”.

Aarón Pérez reiteró su disposición para colaborar con las diligencias que surjan de los recursos que interponga la FGR, pero aclaró que su intervención en el caso Ayotzinapa no corresponde al periodo durante el cual se recabaron las pruebas que fueron desechadas por el juez para liberar y exonerar a los presuntos delincuentes.

“Lamento profundamente, es un tema indignante lo que ocurrió al haber liberado a aquellas personas que están involucradas en la desaparición de los estudiantes. Su servidor intervino en una etapa de la investigación que correspondió a un segundo proceso, es decir, hay una primera etapa de la investigación que ocurrió de septiembre de 2014 a octubre de 2015, es en donde ocurrieron todos los eventos por los que desafortunadamente, algunas autoridades, se han pronunciado por liberar a este tipo de delincuentes”, dijo.

Explico que a él le correspondió proceder “cuando se determinó remitir el expediente a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, es cuando me nombran e iniciamos nuestras actividades y de la cual no tiene que ver ni relación alguna con los eventos materia que han dado lugar a estas libertades”, pero no adelantó si tendría que solicitar licencia a su cargo para esa colaboración; tampoco informó si el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ya le hizo algún comentario al respecto.