Guerra de periodicazos

Una vez iniciada, la guerra de descalificaciones y acusaciones no se puede detener. Documentos ultrasecretos que de repente aparecen en la portada de periódicos claramente definidos por su tendencia política; grabaciones filtradas por personajes que piden el anonimato aunque obviamente no lo necesitan, pues su huella es reconocible a kilómetros de distancia. Cualquier cosa que le pueda restar votos al oponente, que abone por su descrédito. Si no podemos mejorar nuestro prestigio, por lo menos acabemos el del contrincante.

En apoyo de estas revelaciones periodísticas, opera la ignorancia (que a veces parece intencional) de los comunicadores. Se descubre una intrincada maniobra para pasear dinero por cuentas extranjeras y paraísos fiscales y se habla de “lavado de dinero”. En rigor, lavar billetes es transformar en lícito un recurso de procedencia ilícita, como el que viene del narcotráfico o de la trata de personas. Nadie dice que no resulte altamente sospechoso el intríngulis de la transacción Barreiro-Anaya, pese a las aclaraciones de éste último, pero de ahí a sugerir que el dinero tiene un origen ilícito hay un largo trecho. Es la distancia exacta entre una nota objetiva y el escándalo que se requiere para calentar el ambiente preelectoral.

Otro tanto se puede decir de las acusaciones contra la titula de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por “desvío de recursos” por el orden de mil 300 millones de pesos. Nuevamente la ignorancia y la mala intención se mezclan de forma hasta siento punto comprensible: lo que la Auditoría Superior de la Federación realizó fueron diversas observaciones a la cuenta de esta secretaría, misma que pueden (y deben) ser solventadas por las dependencia. En rigor, sólo podríamos hablar de desvío si dichas observaciones no fueran solventadas. Pero como encabezado, el desvío de mil 300 millones de pesos suena bomba.

Lo anterior no significa ni remotamente que no se deba investigar el mecanismo por el cual se puede eludir la licitación de una obra o servicio, con apenas la argucia de usar a una universidad para que ésta pueda libremente adjudicarle el trabajo a un particular. Lo terrible de todo esto no es que dicho mecanismo sea ilegal, sino precisamente que no lo sea. Es decir, esta forma de actuar se ha utilizado desde hace varios sexenios para evadir el engorroso requisito de licitar una obra y está avalada por la leyes actuales. ¿Y cómo se entiende que, si al aplicar un recurso de este tipo hubiese un sobrante, la universidad en cuestión puede acreditárselo como una “ganancia”?

Adviértase que en uno y otro caso hay cosas dignas de señalamiento e investigación. Pero los medios, poniéndose al servicio del más elementa amarillismo, confunden un par de términos e “inflan” una nota. Y vaya que estamos urgidos de encabezados sensacionalistas. Pero más necesitados estamos de un periodismo serio, que no se preste a “volar” las notas.