Una idea retorcida de justicia por José Javier Reyes

A juzgar por la virulencia de los memes que se mofaron de las víctimas de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, no exenta de ingenio y de humor retorcido, una idea morbosa (es decir, enferma) de “justicia”, es la moraleja de los hechos terribles que cobraron la vida de un centenar de personas. Una justicia desmesurada, que aplica castigos desproporcionados a las faltas. Así como las turbas de diferentes poblaciones consideran que quemar viva a una persona es una manera de hacerle pagar por delitos no siempre comprobados, así las turbas de internautas que crearon o difundieron los chistes sobre los muertos del gasoducto, sintieron que se trataba de un castigo divino o algo así.

Quede claro: es innegable que las personas que murieron incineradas mientras ordeñaban el ducto estaban cometiendo un delito. Así. Sin ambages, sin medias tintas. Las razones sí importan: azuzados por las bandas del huachicoleo, llevados por la ignorancia, la necesidad, la idea de que en México la impunidad justifica el robo. O todas las anteriores. Pero delito, al fin y al cabo.

El consenso sugiere que, ante el delito, la muerte estaría justificada. El accidente que incineró a un centenar de personas fue una ejecución sumaria. De más está decir que ante el robo de combustible, el castigo correspondiente es de algunos años de cárcel, no la pena de muerte en la hoguera. Nadie puede ni debe ver como algo justo lo ocurrido en Tlahuelilpan.

Cierto es que el riesgo era inminente. Que quienes se arriesgaron a robar gasolina sabían esto podía ocurrir. De hecho, en más de una ocasión los ductos han sido ordeñados en esta zona y también varias veces han estallado, sin pérdidas humanas. Entraría en el rubro de riesgo profesional, nunca de castigo.

Tampoco funciona el culpar al ejército por omisión. Videos difundidos por las redes sociales revelan que los pobladores desoyeron las recomendaciones y advertencias de los uniformados. De hecho, los enfrentaron para poder seguir robando. ¿Qué podían hacer los soldados? ¿Dispararles? Lo que resulta evidente es que los hechos rebasaron a las autoridades, las que no tuvieron ni capacidad de respuesta ni un plan para enfrentar el saqueo.

Lo que francamente rebasa lo absurdo es que los deudos de las víctimas soliciten una indemnización. El apoyo de las autoridades para con las víctimas es comprensible. Lo otro es aceptar una responsabilidad o una culpa que no parece existir.

Aunque suene cursi o ridículo, el culpable de esta tragedia es el huachicoleo. Las bandas que trafican combustible, surgidas de la misma estructura de Pemex, han corrompido a la paraestatal, a la policía, a las autoridades municipales y a los mismos pobladores. Han impuesto un sistema de antivalores según el cual saquear a la empresa es un crimen sin víctimas. Las personas que murieron en el ducto no pueden ser culpables: fueron infundidas por una cultura de saqueo, de complicidad, de extorsión. Evidentemente son víctimas. Pero los culpables de sus muertes probablemente nunca reciban castigo. El crimen organizado es un poder letal, pero suele no tener rostro.